Durante la visita de la Procuraduría a sus territorios ancestrales, las comunidades de El Ciruelo y Cascajito, en zona rural de Riohacha, denunciaron que la falta de control por parte del ICBF sobre los operadores del programa de atención a la primera infancia está generando insuficiencia de alimentos y mala calidad en los mismos que, además, no corresponden a sus usos y costumbres wayúu.

Jeferson Mena, asesor del despacho de la Procuradora encargado de Asuntos Étnicos y comisionado para efectuar estas verificaciones, aseguró que se evidencia la insatisfacción por la forma en que se escogen los operadores, sin concertación.

Otra falla grave detectada en terreno tiene que ver con la cobertura, un alto porcentaje de niños entre 0 y 5 años, así como madres gestantes y lactantes se quedan por fuera.

A esta situación se suma la falta de continuidad del servicio, que se dejó de prestar el pasado 15 de diciembre de 2022 y aún no ha comenzado a prestarse este año.

“Este nivel de desatención estatal, sumado a la carencia de agua potable, pésimo estado de las vías de acceso y una atención en salud deficiente, han contribuido a que se presente el más alto nivel de mortalidad infantil en la Comunidad Wayuu desde 2017”, refiere Mena.

Con la información recaudada, el equipo en terreno presentará  un informe detallado a la Procuradora General y a la Delegada para la infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres, con el fin de que se inicien las acciones preventivas y disciplinarias necesarias para resolver esta problemática.